Comunidad rural sin destino. Por Miguel A. Schiariti

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El largo conflicto del gobierno nacional con el agro entronizó la palabra campo para describir toda la ruralidad. El término es funcional, pero falso. Sirve para un título periodístico, pero no para contar la realidad. Alude a un espacio, pero no a lo que ocurre dentro de él. Menos aún, a las personas que lo ocupan. El campo, como concepto global, es una abstracción. Ni siquiera alcanza para definir un paisaje. La Argentina es un país grande, con todas las condiciones para ser un gran país, que en su diversidad de climas y regiones alberga múltiples situaciones políticas, económicas y sociales. El “campo” como palabra exclusiva no alcanza para definirlas.

Se habla del campo como si las diversas actividades agropecuarias fueran iguales, con idénticas rentas e iguales escalas de producción. No es igual hablar de un productor de 5 hectáreas de algodón en el Chaco que de uno de 200 hectáreas de cría en la Cuenca del Salado o de uno de 1500 hectáreas sojeras en Rojas.

Sin embargo, para el Gobierno parece que todo el “campo” reúne las mismas condiciones, tiene idénticas rentas e iguales escalas de producción. No distingue pelos ni marcas. En la década del 90, la misma equiparación sirvió para desatar un brutal proceso de concentración económica. Con el criterio de la eficiencia productiva, aplicado a todos por igual, se eliminaron más de 100.000 pequeños productores agropecuarios.

La problemática rural es compleja. No se limita a lo económico. No se mide sólo en toneladas de producto o en montos exportables. Incluye el factor humano, el componente social, el ingrediente comunitario. Es un tremendo error mezclar el necesario debate sobre la apropiación de la renta agropecuaria con el ninguneo de las poblaciones rurales.

El justicialismo tiene honrosos antecedentes en la materia. El general Perón, cuyo enfrentamiento con la oligarquía fue más allá del oportunismo declamatorio, expropió a mediados del siglo pasado los latifundios improductivos que constituían, por entonces, un lastre económico y una rémora social, y los distribuyó entre chacareros sin tierra (ley de colonización de 1948). Además, impulsó el cooperativismo. Fomentó la producción y arraigó familias a sus lugares de origen. Entonces, el programa agropecuario formaba parte del proyecto de país.

Los miembros de la Comisión de Enlace también hablan del “campo”. Se quejan –con razón– por la falta de una política agropecuaria nacional, pero no formulan propuestas capaces de articular la variedad de los problemas económicos y sociales que someten al sector. Tampoco fortalecen sus vínculos con otras entidades empresarias y laborales afines. Embregados en el reclamo por las retenciones a la soja parecen olvidar que el conflicto del “campo” compromete a todo el país. No es un tema sectorial, es un problema nacional. Sin la cuestión agraria no hay proyecto para la Argentina.

A menudo, ruralistas, gobernantes y dirigentes empresarios hemos coincidido en criticar la política agrícola común (PAC). Tal vez, sea en lo único que hay acuerdo; se la señala como enemiga de las exportaciones agropecuarias argentinas. Lo que se olvida es apuntar que también expresa la voluntad política de los gobiernos comunitarios de invertir gran parte de sus presupuestos en mantener a los productores en hábitat. No quieren reproducir los cordones de miseria que rodean las ciudades de los países periféricos, con sus secuelas de enfermedades corporales y sociales. De esto tenemos mucho que aprender los argentinos. Si pretendemos frenar las migraciones forzosas de las poblaciones rurales, si deseamos evitar los desgarros familiares y los desarraigos culturales, si realmente queremos construir una sociedad más justa y equilibrada para todos los habitantes, sin exclusiones, deberemos atender las necesidades de los pueblos antes que la efectividad de los discursos.

Inmerso de lleno en la campaña electoral, con el adelanto de las elecciones para el 28 de junio próximo, el gobierno nacional lanzó al “campo” un claro desafío: “Te espero en el cuarto oscuro”. Los dirigentes agropecuarios, recostados en los partidos de la oposición, aceptaron el reto. Pero el voto consagra candidatos, no resuelve los problemas de fondo. Después del recuento, cualquiera sea el resultado, los inconvenientes continuarán. El tironeo por las retenciones mantendrá su virulencia y las comunidades rurales seguirán reclamando que si no les aportan soluciones específicas para sus problemas concretos, por lo menos, que no las traten como tropilla del mismo pelo y les devuelvan su identidad.

El autor es presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes (CICCRA)

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1115961