El tiempo del Congreso. Por Jorge Reinaldo Vanossi.

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El tiempo del Congreso.

Por Jorge Reinaldo Vanossi*, para La Nación.

El tiempo de crisis institucional que vive el país, de la mano de un Poder Ejecutivo que gobierna por decreto o que amenaza hacerlo cada vez que el Congreso demora el estudio de los proyectos que le son remitidos a su consideración, ha transformado el núcleo mismo de nuestro sistema de gobierno. Esto no es nuevo, sino que es una práctica instalada. Y se puede agravar ante el cambio parcial de la composición de las Cámaras a partir del 10 de diciembre. Sería grave un receso tan prolongado, hasta el comienzo de las sesiones ordinarias el 1º de marzo venidero.

Resulta claro que, con esos procedimientos el Gobierno no solamente ha logrado robustecer el presidencialismo y debilitar el rol del Congreso, como resulta notorio, sino también instaurar el cesarismo como sistema.

Es por ello que no resulta admisible que se produzca interrupción alguna en las sesiones del Congreso, porque además debemos tener en cuenta que el Congreso no sólo “controla” cuando consigue mayorías necesarias para sancionar leyes, para hacer pedidos de informes o para llamar al recinto de sus Cámaras a los ministros del Ejecutivo: también controla cuando las minorías parlamentarias denuncian excesos y promueven reuniones en minoría, haciendo del Parlamento la insustituible caja de resonancia que mira todo el país a la hora de saber qué es lo que está pasando.

Se impone por ello la prórroga de las sesiones del Congreso de la Nación, alternativa que está explícitamente prevista en el artículo 63 de la Constitución Nacional, sin que ese texto autorice a interpretar, como la práctica o jurisprudencia parlamentaria parece haberlo entendido, que sólo el Poder Ejecutivo puede disponer dicha prórroga.

Ello no es admisible ni desde el punto de vista gramatical, porque la intervención necesaria del presidente de la Nación sólo está dispuesta para las sesiones extraordinarias; de lo contrario no se comprendería por qué el artículo 63 ha separado los respectivos párrafos que se refieren a las dos convocatorias: debe entenderse, en consecuencia, que la prórroga de las sesiones del Congreso puede disponerse, en forma indistinta, tanto por el presidente de la Nación o por decisión de aquel cuerpo.

Si bien la doctrina ha discutido la competencia del Congreso para prorrogar sus sesiones, dicha discusión se ha vinculando más a la costumbre o práctica de no usar dicha atribución por parte de ese poder del Estado que en argumentos favorables a una retracción de poder del Parlamento.

En efecto, nada menos que Joaquín V. González ha sostenido que “Aunque la Constitución Nacional nada dice en términos precisos y no tergiversables sobre la facultad del Congreso para prorrogar por sí mismo sus sesiones, y aunque la construcción de los artículos 69 y 99 inciso 9 (actual numeración) no excluye verdaderamente tal facultad al acordarla al Poder Ejecutivo, se ha hecho sólo costumbre acordarla sólo a éste” ( Manual de la Constitución Argentina , página 375); y Sánchez Viamonte va aún más allá, porque no sólo defiende enfáticamente la potestad de prórroga de las Cámaras del Congreso, sino que entiende que ese es el pensamiento implícito del propio Joaquín V. González ( Manual de Derecho Constitucional , Pág. 265). De la misma opinión participan Bielsa ( Derecho Constitucional , Pág. 482), Bidart Campos ( Derecho Constitucional del Poder Tomo I), Carlos M. Bidegain ( El Congreso de los Estados Unidos , Depalma) y Humberto Quiroga Lavié ( Derecho Constitucional , Depalma, 1985).

Esa ha sido también nuestra explícita posición, hecha pública en el trabajo publicado en la Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires , año 1982, N° 2.

Pero lo que debe quedar bien en claro es lo siguiente: si las cámaras que componen el Congreso desean “prorrogar” sus sesiones ordinarias, deben resolverlo así antes de la finalización del período de sesiones ordinarias; o sea, con antelación a la medianoche del 30 de noviembre. Caso contrario, decae esa potestad por falta de ejercicio; quedando solamente en pie la posibilidad que también le acuerda la Constitución al presidente -según el artículo 99, inc. 9- de disponer la susodicha “prórroga”. Estamos pues ante una facultad compartida por los dos Poderes, pero debe ser asumida por cualquiera de ellos a su debido tiempo.

En consecuencia de las razones expuestas y para no correr el riesgo de convertir al Congreso en un convidado de piedra de nuestro sistema constitucional, tan necesario de consolidarse, y de no verlo debilitado, es que estimamos que antes de fin de mes se debería aprobar una resolución conjunta de ambas Cámaras, con el objeto de convocar al Congreso a sesiones de prórroga a partir del 1° de diciembre próximo y por el término de noventa días.

Se elige la opción de la resolución conjunta de ambas Cámaras porque la atribución que se ejerce es de carácter exclusivo y de carácter interno del Congreso de la Nación y, por lo tanto, no corresponde que sea promulgada por el Poder Ejecutivo; no existiendo tampoco la posibilidad de que ella sea vetada por dicho departamento de Estado en los términos del artículo 83 de la Constitución Nacional, no siéndoles aplicables a ella el trámite legislativo previsto en los artículos 77 y 84 de la Constitución Nacional.

Cabe tener presente que la modernidad constitucional ha seguido esos derroteros. En Europa, las Constituciones de Italia, Alemania y Suecia no establecen término para la duración de las sesiones de sus Parlamentos, favoreciendo, de ese modo, la actividad permanente del poder legislativo. En otros países europeos, como España y Francia, sí hay determinación de iniciación y finalización de las asambleas parlamentarias: sin embargo, como está prevista la autoconvocatoria del Parlamento a sesiones extraordinarias, el daño que sufre el desenvolvimiento del Poder Legislativo en nuestro país no se produce allá. Lo mismo podemos apreciar en la mayoría de las Constituciones latinoamericanas vigentes.

Finalmente, si los otros poderes del Estado no encuentran limitaciones temporales a su desempeño en el texto constitucional ¿Qué razones pueden hoy hacer que esa diferenciación se mantenga en relación con el Congreso?. En 1853 fue lógico, porque los legisladores demoraban meses en ir y venir a sus distantes provincias de origen, pero hoy lo pueden hacer en pocas horas, de modo tal que dicho impedimento práctico ha desaparecido.

*El autor fue diputado nacional (UCR) y ministro de Justicia.

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1201009