Es el Congreso el que debe discutir reservas. Por Eduardo Ratti.

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Es el Congreso el que debe discutir reservas.

Por Eduardo Ratti.

El DNU sobre el Fondo del Bicentenario es indicio de que la Argentina no funciona como un país respetuoso de la ley ni de las instituciones.

FUENTE: EX SECRETARIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

El conflicto sobre el Fondo del Bicentenario, como ocurriera con la Resolución 125, evidencia que el nuestro no es un país normal, pese a haber superado la agónica crisis de 2001/2002 y logrado años de importante crecimiento económico.

La concentración de atribuciones y recursos en el Ejecutivo, en desmedro del Congreso y las provincias, y el tono exaltado del debate son manifestaciones de esa “anormalidad”. En condiciones normales, la discusión sobre el uso de los recursos debe darse en el Congreso ya que la Constitución dispone que a él corresponde fijar el presupuesto en base “al programa general de gobierno”.

Si el Ejecutivo decidió modificar ese plan, cambiando su financiamiento y afectando las reservas, no debió dictar un decreto sino convocar al Congreso a sesiones extraordinarias y proponer modificaciones al Presupuesto aprobado.

El DNU 2010/09 es una acabada muestra de anormalidad toda vez que decide sobre el financiamiento del Estado un mes después que el Congreso aprobara el Presupuesto para el 2010.

La Constitución -Art. 99 inciso 3- impide al Presidente emitir disposiciones legislativas, salvo que “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en esta Constitución”. Y no surge de los considerandos del decreto nada que explique la excepcionalidad e imposibilidad acaecidas entre el 12 de noviembre -sanción del Presupuesto- y el 14 de diciembre, fecha del decreto.

El principio de legalidad exige que el acto administrativo exponga su causa, de lo contrario es insanablemente nulo. La ausencia de explicación de las circunstancias excepcionales en el DNU 2010 implica falta de causa en un aspecto esencial. No puede, así, convalidarse el decreto por la aprobación de una o ambas Cámaras del Congreso, ya que no puede darse validez a un acto insanablemente nulo. Que se haya abusado de los decretos de necesidad y urgencia sin haber sido invalidados por el Congreso o la Justicia no justifica insistir en esa anomalía si, realmente, se cree que el desarrollo con justicia y la gobernabilidad están relacionados con la normalidad institucional.

El Congreso no debe limitarse a discutir la validez de un decreto nulo; debe rechazarlo y exigir del Ejecutivo un nuevo proyecto de ley que modifique el Presupuesto vigente, con un programa fiscal racional para la Nación y las provincias, que precise cómo se enfrentará la inflación que afecta principalmente al crecimiento y a los sectores de menores recursos. Si ese plan es sensato, valdrá la pena discutir el destino de las reservas.

Para visualizar la información en el diario Clarín hacer click aquí