Gasto público sin sensatez. Alieto Aldo Guadagni.

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En muchos países existe un fuerte debate sobre la cuantía y la naturaleza del gasto público. Hace décadas que en las universidades se dictan cursos especiales sobre evaluación de proyectos de inversión, como ingrediente imprescindible de una planificación racional del presupuesto de gastos estatales. Estos cursos procuran contestar el interrogante básico de la asignación del gasto entre múltiples fines que compiten por recursos fiscales siempre escasos para satisfacer al mismo tiempo todas las demandas sobre las disponibilidades presupuestarias.

El interrogante es cómo maximizar el aporte de un programa de inversiones y gasto público al bienestar colectivo. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) prestó atención a esta cuestión desde la década del 50, cuando el economista Julio Melnick editó el recordado Manual para la preparación y evaluación de los proyectos de inversión . Por décadas, tanto la Cepal como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial organizaron cursos en toda América latina para difundir las técnicas requeridas para optimizar los procesos de inversión pública; procuraban así maximizar la contribución positiva por cada peso de gasto presupuestario.
Dicho en otros términos: sacarle bien el jugo a la inversión pública, eligiendo y diseñando los mejores proyectos, no sólo en infraestructura, energía, transporte y saneamiento, sino también en inversiones sociales, como educación y salud.
En esta evaluación de proyectos se utilizan metodologías que procuran maximizar el valor neto de la inversión. En algunos casos se procura seleccionar el conjunto óptimo de proyectos capaces de generar un cierto nivel de beneficios al mínimo costo.
Todas estas consideraciones han sido bien contempladas por nuestra legislación a partir de la sanción de la ley 24.354, que regula de manera precisa el proceso de incorporación de las inversiones públicas en el presupuesto del Gobierno. Esta ley ha creado el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, que comprende “todos los proyectos de inversión de los organismos integrantes del sector público nacional, así como los de las organizaciones privadas o públicas que requieran para su realización transferencias, subsidios, aportes, avales, créditos y/o cualquier tipo de beneficios que afecten en forma directa o indirecta el patrimonio público nacional, con repercusión presupuestaria presente o futura, cierta o contingente” (artículo 3).
Esta ley establece, con buen criterio, que el plan de inversiones “se integrará con los proyectos de inversión pública que se hayan formulado y evaluado según los principios, las normas y la metodología establecidos por el órgano responsable del Sistema de Inversiones Públicas” (artículo 8).
Además, durante la presidencia de Néstor Kirchner y la gestión de Lavagna mejoró aún más el sistema cuando la Secretaría de Política Económica dictó, en 2004, la resolución 175, que indica que para aprobar un proyecto de inversión se requiere formular una comparación de costos y beneficios, más una evaluación del impacto ambiental de la obra.
Esta excelente resolución es muy precisa y clara en cuanto a la forma de comparar los costos con los beneficios de la inversión, ya que procura maximizar el impacto positivo de la inversión pública, dándoles prioridad a aquellas que sean más efectivas para contribuir al progreso del país.
Desde el punto de vista legal, podemos afirmar que nuestro régimen de aprobación de inversiones públicas es inobjetable. Estas consideraciones son importantes en estos momentos, en los que la Argentina debe modificar su matriz energética. La pérdida de nuestro propio abastecimiento en petróleo y gas hace imperioso enfatizar sin demoras la utilización del valioso recurso hídrico, ya que nuestro gran potencial hidroeléctrico está a la espera de las inversiones que lo movilicen e incrementen, además, la producción de energía eléctrica “limpia”, sin emisiones de dióxido de carbono.
Es ambientalmente positivo que el agua reemplace a los fósiles contaminantes, sobre todo si tenemos en cuenta que tenemos aprovechados menos de la mitad de nuestros recursos potenciales hidroeléctricos. Por eso hay que congratularse por las iniciativas que procuran poner en valor este recurso renovable. Sin embargo, las iniciativas del Gobierno en esta materia van por el camino errado.
La actual licitación de las centrales hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa, sobre el río Santa Cruz, es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Esta iniciativa oficial no es buena, no por una razón meramente institucional, por no respetar las ya mencionadas normas legales vigentes en materia de inversiones, sino porque es un grave error de planificación energética, que exige sensatamente comenzar por los proyectos que maximizan el impacto positivo.
Aquí el Gobierno se contradice a sí mismo. La Secretaría de Energía difundió en noviembre de 2006 su estudio “Evaluación expeditiva de aprovechamientos hidroeléctricos”, en el que analizaba un inventario de 30 proyectos hidroeléctricos en todo el país. En esta evaluación oficial se priorizaban sensatamente estos proyectos, de acuerdo con criterios técnicos, ambientales y de comparación de costos y beneficios. Si se consideran los costos por megavatios/hora (MW/h) cuantificados en este estudio, estos dos proyectos se ubican muy mal (lugares 23 y 24 sobre 30 proyectos). Por ejemplo, Cóndor Cliff tiene un costo de 62 dólares por MW/h, más del doble que el aprovechamiento hidroeléctrico La Elena (río Carrenieufu), en Chubut (25).
Por su parte, el costo en dólares por MW/h de La Barrancosa (76) también sería de más del doble del generado por Los Mallines, en el río Grande de Mendoza (32), o por el aprovechamiento Talhelum, sobre el río Aluminé, en Neuquén (33), o por el Rincón de la Media Luna, también en el río Aluminé (36), o el doble de Portezuelo del Viento, en el río Grande de Mendoza (38).
En síntesis: hay en este detallado inventario de la propia Secretaría de Energía más de veinte proyectos hidroeléctricos en Mendoza, Neuquén y Chubut que son más prioritarios que estos dos que ahora impulsa el Gobierno. Esto sin hacer ninguna mención de los ríos internacionales de gran caudal que compartimos con nuestros vecinos.
Los dos proyectos en Santa Cruz tienen una capacidad de generación de 2150 MW, pero el caso es que hay 22 mejores proyectos, con capacidad de 5200 MW. Destaquemos que estas comparaciones tan desfavorables para estos dos proyectos se hicieron con las anteriores estimaciones de costos, ya que los nuevos costos de la licitación son más del doble que esos anteriores, lo cual hace aún más injustificada la empresa.
Si bien estos dos proyectos los está licitando el gobierno provincial de Santa Cruz, la Nación se compromete a financiar el 70 por ciento de las obras. Además, como ha señalado el Instituto General Mosconi, cuando se terminen estas obras, Santa Cruz tendrá una capacidad de generación 20 veces superior a su demanda. Habrá que invertir en por lo menos 2000 kilómetros de líneas de alta tensión, de 500 kW, para transportar la energía eléctrica a otros centros de consumo, con un costo adicional superior a los mil millones de dólares, que deberán afrontar los próximos gobiernos.
La inversión proyectada en estos dos grandes proyectos en Santa Cruz no es sensata, ya que con su enorme sobrecosto en la inversión sobrarían fondos para hacer muchos buenos emprendimientos hidroeléctricos en las provincias de Río Negro, Mendoza, Chubut y Neuquén. Tendríamos así el mismo aporte a la disponibilidad energética, pero a mucho menor costo, liberando recursos para más inversiones en otras áreas prioritarias y postergadas, por ejemplo, servicios cloacales, vivienda y educación.
Insistir en proyectos costosos de nula prioridad podrá ser bueno para unos pocos (consultores, financistas y constructores), pero es malo para el contribuyente de hoy, y mucho peor para el usuario, que tendrá que pagar en el futuro mayores tarifas eléctricas. No olvidemos que estas obras, por su largo período de construcción, de más de cinco años, deberían ser financiadas por los próximos dos gobiernos nacionales.
Aún estamos a tiempo de evitar estas decisiones erróneas, ya que el esfuerzo por propiciar inversiones públicas que sean sensatas debe ser permanente, si pretendemos un futuro mejor para todos, con crecimiento e inclusión social.

 

  • 2 comentarios

    • Lorena Judith dice:

      Según el Banco de proyectos de inversión pública (BAPIN), existe posibilidad de que yo pueda averiguar: 1) si el proyecto de la represa de Garabí, en Misiones se encuentra dentro de la nómina que suele publicar La Secretaría de Energía; 2) caso positivo, en que lugar de conveniencia o sensatez se hubica respecto a otras represas, relación, costos por megavatios

    • Raúl Balerio Frías dice:

      Como siempre, el señor Alieto Guadagni nos da una clase de racionalidad y sensatez a la hora de planificar el país que queremos, y en la forma que debemos.
      Gracias.