Hacia un nuevo federalismo. Por Carlos Brown.

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Una de las cuestiones institucionalmente más relevantes y positivas para el futuro de nuestro país que podemos rescatar del -aún irresuelto- conflicto del Gobierno Nacional con el sector agropecuario, es sin lugar a dudas la toma de conciencia colectiva sobre la profunda decadencia de nuestro federalismo fiscal, y la imperiosa necesidad de hacer algo para revertirla.

A lo largo de los últimos años se ha consolidado en nuestro país en materia fiscal un esquema centralista ciertamente perverso, pseudo-federal, con un gobierno central voraz, ávido de ingresos, que se ha ido progresivamente apropiando de recursos que legítimamente corresponden al conjunto de las provincias y sus municipios.

Esta creciente concentración de recursos ha ido progresivamente desfinanciando a las administraciones provinciales y municipales, sobre las cuales recae fundamentalmente la responsabilidad de gasto (en seguridad, salud, educación, justicia, etc.), obligándolas a todas ellas, casi sin excepción, a emprender costosísimas reformas tributarias para procurar cubrir parte sus crecientes rojos presupuestarios, agravando los problemas de superposición tributaria existentes entre los diferentes niveles de gobierno, y llevando la carga impositiva total a niveles máximos históricos.

Gobernadores e intendentes quedan así rehenes del poder central, viéndose frecuentemente obligados a ceder ante el inexorable rigor de la ‘caja’, y alinearse para no quedar desfinanciados, muchas veces en contra de los intereses del pueblo que los votó y deben por tanto representar, lo cual degrada progresivamente nuestro sistema político.

Ahora bien: ¿cuál es el límite de esta política de exacción creciente?; ¿puede sostenerse o tiene sentido una administración central superavitaria a expensas de administraciones provinciales y municipales crecientemente deficitarias y endeudadas?; ¿puede indefinidamente aumentarse la carga tributaria?; ¿cómo revertimos esta tendencia perversa?; ¿cómo garantizamos el financiamiento de los más esenciales servicios públicos que tanto requiere nuestra ciudadanía? En definitiva, ¿cómo viabilizamos un desarrollo regionalmente equilibrado y sustentable para nuestro país, que evite que millones de compatriotas se amontonen crecientemente sin futuro en torno a los principales centros urbanos?; ¿cómo recreamos nuestro federalismo?

Afortunadamente, a partir del conflicto con el campo muchas de estas cuestiones fueron cobrando cada vez mayor peso en la consideración pública.

Tras la experiencia recogida durante los últimos años, queda claro que el problema no es sólo cuánto se recauda, pues de hecho se viene recaudando como nunca, sino también cómo se distribuye aquello que se recauda; si el recurso llega efectivamente a quienes tienen la responsabilidad más primaria de gasto, es decir, a quienes tienen que dar una respuesta inmediata a los principales flagelos que hoy azotan a nuestra sociedad, como la inseguridad, pobreza, falta de salud, de educación y de justicia; o bien, dar respuesta a las crecientes demandas de nuestros sectores productivos, con más y mejor infraestructura, financiamiento, menos impuestos superpuestos/tasas.

De esta forma se materializa el federalismo. Caso contrario éste deviene en un concepto abstracto, un postulado constitucional anacrónico, vacío de todo contenido.

Un aspecto modular para avanzar en este sentido es por supuesto la definición de un nuevo régimen federal de coparticipación de impuestos, en reemplazo del que rige ‘transitoriamente’ desde 1988, garantizando un esquema más integral, transparente y justo para la distribución de los recursos entre los tres niveles de gobierno.

Muchos gobernadores y legisladores nacionales han comenzado a plantear públicamente estas cuestiones y a buscar consensos, lo cual llevará un tiempo lograr y no será sencillo.

Empecemos de una vez.

Carlos R. Brown

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