Hay que reducir la pobreza rural. Por Alieto Guadagni.

Share via emailShare on Facebook+1Share on Twitter

La existencia de grandes núcleos de pobreza en el campo es una constante de nuestra historia, pero que ya exige -por su gravedad- una política social que supere la discriminación que afecta a muchas poblaciones de nuestro interior.

Es cierto que la importancia de la población rural viene descendiendo desde hace décadas; en 1960 tres de cada diez argentinos vivían en el campo, en 1980 eran dos y en la actualidad apenas uno.

Pero esta urbanización no es uniforme en todo el país, ya que en las provincias del NOA y del NEA de la Argentina -aun hoy- viven en áreas rurales tres de cada diez habitantes. Por ejemplo, en la provincia de Misiones esta proporción llega a cuatro personas y en la de Santiago del Estero, a cinco de cada diez.

Además, y esto es muy importante, hay proporcionalmente más niños en las áreas rurales que en las urbanas; en las ciudades uno de cada cuatro habitantes es menor de 14 años de edad, pero en las áreas rurales del NOA y del NEA esta proporción trepa a cuatro cada diez.

El hecho es que son más de 4 millones quienes hoy viven en áreas rurales, y alrededor de 1,7 millones de ellos son menores de edad, es decir más del 40 por ciento, proporción superior a la vigente en áreas urbanas.

Por eso en el campo se cumple plenamente la preocupante doble relación que afirma que “más de la mitad de los pobres son niños y más de la mitad de los niños son pobres”.

Desde hace décadas la cuestión de la pobreza y la indigencia son relevantes en la Argentina.

Recordemos que en plena erupción de la crisis del 2001/2 más de la mitad de la población urbana había cruzado la línea de la pobreza, pero la recuperación económica hizo que esta enorme pobreza se redujera fuertemente hacia el 2006, a casi la cuarta parte de la población. Lamentablemente la inflación de los últimos años hizo crecer nuevamente la pobreza que ya afecta a uno de cada tres habitantes. Por este motivo la pobreza hoy es mayor a la vigente a fines de los noventa.

En cuanto a la pobreza rural digamos que las evidencias indican que siempre esta pobreza fue relativamente mayor a la pobreza urbana, además esta mayor pobreza se vio agravada por la insuficiente inversión y gasto público a favor de las áreas rurales comparadas con las urbanas.

Las inversiones en infraestructura, salud, educación y asistencia social postergaron a la población rural, lo cual agravo su pobreza porque la mayoría de ellos carecían de recursos para financiar privadamente servicios básicos como salud y educación.

Como el grueso del ingreso monetario de la población rural depende directa o indirectamente de la actividad agropecuaria, cada vez que se implemento una política discriminatoria contra el agro el resultado fue un incremento de la pobreza rural o mayor emigración.

La educación es clave para abatir la pobreza rural. Pero la educación rural ha tenido un marcado rezago con respecto a la urbana; este rezago es notorio en varias regiones, particularmente en el NOA y en el NEA. Las carencias más graves se concentran en el nivel preescolar y en el último ciclo del secundario.

Si bien es cierto que la cobertura de la enseñanza primaria es casi universal en las zonas rurales, la calidad de esta educación en muchos casos es deficiente. Y tal deficiencia, entonces, es la que ocasiona altos índices de repetición y abandono de los estudios y limita la posibilidad de acceso a niveles más altos de educación para los niños rurales.

Por ejemplo, casi el 40 por ciento de los niños rurales está rezagado en sus estudios comparados con el 22 por ciento de rezago en las zonas urbanas.

Esta desigualdad de oportunidades se aprecia cuando se observa que, mientras el 94 por ciento de los niños de hasta 5 años asiste a la escuela en la ciudad de Buenos Aires, apenas lo hace el 45 por ciento de los niños en el campo chaqueño.

En el grupo de edad entre 15 y 17 años, asiste a la escuela el 85 por ciento de los jóvenes urbanos en la provincia de Buenos Aires, pero apenas el 35 por ciento en el campo santiagueño.

A igual que en materia de cobertura, la calidad de la educación en las zonas rurales es inferior que en las áreas urbanas. Aulas con varios grados, maestros sin acceso a las fuentes de información y deficiente equipamiento, sin agua corriente ni electricidad, son moneda corriente en muchas escuelas rurales.

Por todos estos motivos, es que los niños rurales aprenden menos cuando están en la escuela que los urbanos y abandonan con más frecuencia después de repetir varias veces.

Es imperioso mejorar la cobertura y la calidad de la educación rural si pretendemos disminuir la pobreza y la marginalidad social, pero todo esto exige más recursos financieros permanentes y previsibles a favor de las provincias que son responsables de la educación primaria y secundaria, que son los niveles educativos que definen el futuro laboral de la gran mayoría de los estudiantes.

Cuando una política tributaria castiga a un sector productivo, disminuye los ingresos de todos los que se ganan la vida, directa o indirectamente, en esa actividad.

Pero cuando muchos de los que trabajan en esa actividad son pobres, como muchos de los trabajadores rurales particularmente en las provincias del NOA y del NEA, lo que logra esta política tributaria es maximizar la pobreza.

Además, cuando esta política tributaria se basa en impuestos no coparticipables a las provincias, como las retenciones a las exportaciones, lo que logra es disminuir los recursos ciertos de las provincias, ya que quedan al arbitrio discrecional del Tesoro Nacional.

Esto imposibilita a las provincias definir programas de largo plazo destinados a concentrar recursos en áreas prioritarias, como la mejora de la educación rural.

Link: hacer click aca