La Economía Social. Por Mario César Elgue.

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La Economía Social.

Por Mario César Elgue.

La economía social es aquella que agrupa a las actividades asociativas y a los movimientos sociales que coinciden en los siguientes principios y características: la organización o empresa tiene por finalidad servir a sus asociados o a su entorno más que generar beneficios u orientarse al rendimiento financiero; tiene autonomía de gestión; integra en sus estatutos y en sus formas de hacer un proceso de decisión democrático; defiende la primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de sus excedentes; funda sus actividades en los principios de participación, del hacerse cargo y de la responsabilidad individual y colectiva.i

Si se conviene definir al sistema económico como “un conjunto de estructuras en interacción”, sólo pueden aspirar a la denominación de “sistema” aquellos que comprendan la totalidad de la acción socioeconómica. De lo contrario, se trata de un subsistema. Los sistemas económicos no alcanzan el carácter de tal si no generan una base jurídico-formal que determine la naturaleza del régimen de propiedad al que se han de referir y si, al mismo tiempo, no crean las formas de acción política que han de definir la participación de la comunidad en la toma de decisiones.

La economía social no dispone de una concepción totalizadora y de instrumentos efectivos para tener un control adecuado de las decisiones en cuanto a las formas tecnológicas de producción y, al modificar los precios, lo hace dentro del sistema en el que actúa y en función de las estructuras del mismoii. Es sabido que el objetivo de la economía social fundacional ha sido mejorar las condiciones de vida de sus miembros pero –a pesar de la aspiración de los pioneros– no ha pensado, contemporáneamente, en la sustitución paulatina de los sistemas vigentes (Portnoy, 1979).

Un “modelo” sustituto, supondría dar respuesta a lo que el colombiano Antonio García definía como un sistema nacional de vida y que debería reunir las siguientes características:

  • Una teoría científica-social de la comunidad como realidad singular e histórica.
  • Un proyecto de vida, hacia el que ha de apuntar toda forma de ordenamiento social.
  • Una trama o relaciones de ordenamiento social, ya que, por ejemplo, la forma y estructura de lo que fue el kolkhoz ruso no era la misma de la cooperativa norteamericana o del kibutz israelí: la experiencia demostró que esa trama social suele ser más relevante que la ideología tomada en abstracto, desentrañando las diferencias entre experiencias asociativas regidas por “filosofías” similares. Así, se evidenció una apreciable diversidad entre el asociativismo en la URSS y en Yugoslavia: en el primer caso, con una fuerte centralización y dependencia de la burocracia dominante y, en el segundo, con unidades autogestionarias y descentralizadas.
  • Métodos de capacitación para la gestión democrática y para la operatoria específica.

Que la economía social constituya un subsistema y no un sistema no significa minimizar sus logros y posibilidades, como así tampoco desconocer su rol en la satisfacción de necesidades legítimas. Implica constatar que ella sola no está en condiciones de transformar la sociedad en la cual actúa. Pero constituye, no obstante, un instrumento de probada eficacia para confluir con otros sectores hacia una programática de desarrollo autónomo, participación democrática y equidad distributiva.

    Asistencialismo y economía social

    Bajo el paraguas de la “economía social”, además de las cooperativas, las mutuales, las asociaciones y los emprendimientos asociativos de producciones solidarias, se suelen incorporar desde las políticas públicas de contención y asistencia a las familias hasta los microempresarios individuales o familiares que, como pequeños “aprendices de capitalistas”, tienen como meta el transformarse en pymes convencionales.iii

    En este sentido, y dado que se requiere continuar con políticas asistenciales de seguridad alimentaria y de sostén familiar –a las que habría que sumar un ingreso a la niñez y a los adultos mayores que se encuentren por debajo de la línea de la pobreza, entendido como derecho ciudadano–, sería oportuno rediscutir si no hay que mejorar estas prestaciones directas, en lugar de forzar la aparición de actitudes emprendedoras. Al tratarse de contingentes, con una fuerte vulnerabilidad, que vienen de una larga desocupación o que nunca tuvieron un empleo estable, la viabilidad de estos emprendimientos es harto dudosaiv. De persistir en el intento, se esterilizarán ingentes esfuerzos tras una ficción voluntarista: la de “fabricar”, de la noche a la mañana, nuevos “actores” de la economía social y del desarrollo local que, rara vez, superarán el estadio de juntarse para recibir un subsidio. Esta asistencia económica es bienvenida y puede dar una respuesta válida a alguna urgencia pero, por sí sola, no es capaz de orientar y organizar a los beneficiarios en torno al “cómo pescar” o, más aun, a “cómo fabricar la caña”, para esa hipotética pesca.

    Con un discurso más “progresista”, gran parte de las políticas públicas mantienen aún perfiles asistencialistas y continúan sin entender el tandem políticas sociales-políticas económicas. Aunque separadas en el análisis académico, cuando se trabaja sobre la realidad se deben abordar como una sola política: tanto su costado “económico” como el “social” deberían ser partes indisolubles de una estrategia nacional de desarrollo integrado.

    Con el eufemismo de “proyectos productivos”, se sigue operando sobre los efectos, creyendo que sólo los microemprendedores que recién se inician, las tres personas reunidas en “sociedades de hecho” o, en todo caso las pequeñas cooperativas de trabajo, son las únicas que deben recibir el apuntalamiento del Estado.v

    Como sigue predominando una óptica paternalista, se priorizan las miradas “técnicas”, para las cuales “la política” es siempre asimilada al “clientelismo”. Se le llama economía social o solidaria a todo lo que sean actividades de “pobres para pobres” o de pequeña escala, descartando al resto como “capitalistas” o “empresarias”, poniendo el acento en la elevación de “los ingresos de las familias”, con alguna transferencia rápida de destrezas operativas, sin mayor vuelo ni utilidad práctica, con el convencimiento de que lo demás vendrá por añadidura. Pero lo demás es nada más y nada menos que la recuperación y/o la generación de capacidades, en el sentido más amplio de la palabra: un proyecto compartido, educación, formación, reentrenamiento y recomposición de los lazos solidarios y organizacionales quebrados.

    Por ello, no está de más fijar algunas precisiones que posibiliten esclarecer las diferencias entre las llamadas políticas sociales y lo que se denomina economía social y solidaria.

    Las políticas sociales son intervenciones del Estado que no se efectúan en el circuito de la distribución del ingreso derivado del proceso de producción sino que lo hacen sobre la distribución secundaria del ingreso. Con esta perspectiva, las políticas sociales deben ser vehículos del reconocimiento de las necesidades de todos los miembros de la sociedad y de la capacidad de protección de los mismos, apelando a los recursos fiscales.

    A su vez, la desvinculación entre economía y política, hace que la política social sea siempre satelizada a la economía, como un parche “correctivo” que no descubre las verdaderas causas de “lo social”. No se tiene en cuenta que, además de combatir la pobreza, se hace imperioso modificar una concentración de los ingresos de tal magnitud que da por tierra con aquel mito liberal de “la falta de recursos”. En rigor, los recursos están, lo que falta es reasignarlos y redistribuirlos, incluso para que la economía funcione mejor, según lo que indican los propios mecanismos de un mercado “libre”. Y las “políticas sociales” no pueden ser convidadas de piedra ante semejante responsabilidad y ante tamaña tarea.vi

    Tercer Sector y economía social

    Varios son los términos que se utilizan actualmente para caracterizar a un sector cada vez más extendido, aunque heterogéneo, de la llamada sociedad civil, compuesto por las mutuales y las cooperativas, diversos tipos de voluntariados, asociaciones civiles y fundaciones. En todos ellos, el común denominador es el mejoramiento de la calidad de vida y la autogestión de sus miembros, a través de diversas actividades y de la prestación de servicios sociales y no de la búsqueda de beneficio económico per se.

    La denominación de “Tercer Sector” es la que ha logrado mayor consenso en el ámbito científico internacional. Pero –en su versión anglosajona– excluye a las cooperativas ya que considera que, al distribuir excedentes, estas empresas-asociaciones pierden su carácter no lucrativovii. El hecho de que una cooperativa crezca y adquiera relevancia, da argumentos para que cierto “purismo” inconducente la cuestione, imputándole el haber abandonado su finalidad social. En verdad, hay allí una confusión entre lucro y actividad económica. No todo resultado positivo o excedente supone lucro, como lo hemos expuesto en otra obra.viii

    A esta incomprensión, se suma el asimilar mecánicamente a la “empresa” con aquella empresa convencional, en manos de su dueño o de sus accionistas mayoritarios. El “sentido común” concibe a la empresa asociada a unidades productivas o de servicios, en las cuales sus dueños o titulares tienen como objetivo central el apropiarse de las ganancias obtenidas y de una plusvalía por el capital invertido. Pero el significado de empresa es más amplio: tiene su origen en el concepto de emprendedor y en la asunción de riesgos y se refiere a cualquier organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados racionalmente, en pro de la obtención de fines lucrativos o socioeconómicos.

    Por ello, la economía social aparece como el término más adecuado y es el más aceptado en el grueso de los países del mundo. Hay acuerdo en que bajo esta denominación está aquella “economía” cuya modalidad de gestión se caracteriza por la toma de decisiones democráticas y de autonomía frente al Estado y al capital privado lucrativo y que, al distribuir los excedentes, lo hace en proporción al trabajo o a las operaciones que han realizado sus asociados, por encima del capital que cada uno haya integrado.

    La lectura de la economía social se puede hacer desde dos ángulos. Si se consideran las formas jurídicas e institucionales, es conveniente agruparla en tres grandes grupos: las asociaciones civiles, las mutuales y las cooperativasix. Si se va más allá de las formas jurídicas e institucionales, una opción es caracterizarlas como “organizaciones libres del pueblo”, orientadas por objetivos, no reducidos a “lo económico”; actividades asociativas, democráticas y participativas, regidas por una ética y ciertos valores y principios, los cuales son constitutivos de su organización.

    Respecto a las fundaciones, no se han logrado coincidencias generalizadas acerca de si forman o no parte de la economía social. Para algunos especialistas de la temática, las fundaciones no deben ser tenidas en cuenta dentro de la economía social debido a su mecanismo no democrático de toma de decisiones, con una actividad supeditada, en última instancia, a la voluntad excluyente de su fundador o fundadores.

    En el mismo sentido, es común atribuirle a la economía social una connotación de clase. A través de este “preconcepto” se concibe lo social como sinónimo de pobreza o como exclusivo de los sectores populares. De esta manera, se les niega a los sectores medios la posibilidad de utilizar las herramientas de la economía social, reduciéndola a los excluidos y desplazados, restándoles la posibilidad de ser un actor socioeconómico de peso para disputar el poder.x

    El trabajo educador y la educación para el trabajo

    No existe aparato de educación que actúe de manera más eficaz y permanente que el sistema económico, teniendo en cuenta que las personas pasan la mayor parte de sus vidas participando de actividades económicas (Olivera, J H., 1973).

    Las circunstancias en que se desenvuelve el capitalismo liberal afectan intensamente las personalidades de los que trabajan o producen en él, promoviendo el egoísmo del sálvese quien pueda, sin cuestionar las injusticias y la desigualdad de las relaciones sociales.

    Por el contrario, la economía social, a través de sus valores, fomenta la conformación de lazos sociales y comunitarios. Y, a través del trabajo cooperativo, el cooperador transforma su conciencia, se dignifica y reconoce a sí mismo. Pero, en ese mismo proceso, es orientado y capacitado no solo “técnicamente” sino con determinados valores, usos y costumbres, que conforman la “ideología” del emprendimiento, tomando conciencia de su rol y de su responsabilidad dentro de la empresa, como así también de la finalidad social de la misma.

    La economía solidaria o popular

    Se puede definir como de economía solidaria o popular –en algunos casos doméstica y en otras de subsistencia, con alguna colocación marginal en mercados alternativos– a estas experiencias que se multiplicaron a partir del estallido del 2001. Entre los escombros, surgieron nuevos sujetos, principalmente de los sectores más desamparados, a los que se sumó una fracción nada despreciable de la clase media que, de pronto, se encontró militando en las filas de ese gran ejército de desocupados, luchando por la recuperación de los derechos perdidos.

    En ese contexto se pusieron en práctica formas asociativas económicas de interés común. Entre ellas, se puede citar las redes del trueque, las huertas familiares y comunitarias, las ferias solidarias, grupos pre-cooperativos de compras comunitarias, las ONG de microcréditos, cooperativas escolares, guarderías y hogares de día, emprendimientos de transporte, iniciativas de seguridad vecinal, comedores autogestionados, programas de recuperación y reciclado de residuos, producción de combustibles alternativos, entre otros.

    A estos microemprendimientos, se los denomina aquí de economía solidaria o popular, no sólo por provenir de la base de la pirámide social sino también por poner sobre la mesa un entramado de reciprocidad, de reproducción de la vida, que rescata aquella cultura de los pueblos: compartir esfuerzos y distribuir los frutos de ese trabajo mancomunado en forma igualitaria o en proporción a lo que cada uno puso al servicio del conjunto.

    No obstante, casi ninguno de estos proyectos califican como sujetos de crédito, suelen encontrar inconvenientes de gestión, de calidad (especialmente, bromatológica) y serios problemas para alcanzar la escala mínima para una comercialización continua. No siempre se proponen el acceso al mercado formal; por ello hay que discernir, en cada caso, si es factible canalizar su producción o la prestación de sus servicios en mercados alternativos, básicamente a través de ferias artesanales y comunitarias.

    El Estado y sus organismos pertinentes tienen aquí varias asignaturas pendientes en lo relativo a simplificar normativas, buscar otros tratamientos tributarios (ampliando y mejorando experiencias como la del Monotributo Social) y garantizar una asistencia técnica, de gestión y de financiamiento que llegue efectivamente a sus beneficiarios. También las ONG de microfinanzas deberían ocupar un lugar más destacado, particularmente aquellas más comprometidas con el trabajo de campo.xi

    La economía social fundacional penetró en Argentina como una idea “exógena” pero se adaptó al proceso endógeno de las comunidades. Su objetivo es un equilibrio entre lo económico y lo social y está en condiciones de “apadrinar” o “incubar” muchos de estos emprendimientos de economía popular. En este sentido, existen innumerables casos exitosos de economía social formal en los cuales podrían acoplarse muchos de estos emprendedores incipientes, sin necesidad de caer en la discutible alternativa de una “sociedad de hecho” o de un cooperativismo forzoso.xii

    Entre otros logros, se pueden mencionar los siguientes: 1) el rol democratizador que han cumplido y cumplen las cooperativas de servicios públicos, esencialmente en lo que hace a la prestación de servicios de electricidad, telefonía y agua potable; 2) las cooperativas agropecuarias, que permiten a los productores rurales conectar la cadena productiva con la cadena comercial, eliminando intermediaciones parasitarias que impiden el desarrollo sustentable del sector; 3) las cooperativas de vivienda, a través de las cuales la propia comunidad resuelve sus problemas habitacionales; 4) las cooperativas de trabajo, que permiten generar trabajo, con una más justa y equitativa distribución de los ingresos, y 5) cooperativas de provisión de servicios a comerciantes, profesionales y productores de los más diversos rubros.

    (Elgue, Mario, fragmento de “La Economía Social, Ed. Capital Intelectual, 2007).

    Notas

    i Elgue, Mario, Más allá de “lo económico” y “lo social”, Editorial Corregidor, Buenos Aires, 2006.

    ii Elgue, M., Ob. Cit., 2006.

    iii Las cuales, por supuesto, son legítimas y merecedoras de normas e incentivos que las potencien. De todos modos, es prudente no confundir a estas pymes tradicionales con los emprendedores de la economía social, con otros objetivos y metodologías democráticas y participativas.

    iv Aunque utilizados a menudo indistintamente, los conceptos de empleo y trabajo no significan lo mismo. El empleo hace alusión a una relación económica contractual de mercado de naturaleza capitalista, aunque también puede ser un empleo en una cooperativa de provisión de servicios, con mayor involucramiento y participación. El trabajo, en cambio, es un concepto más bien antropológico que se vincula con las actividades productivas y creativas del ser humano. Y esta diferenciación es importante cuando se propone ir más allá del beneficiario pasivo de un plan asistencial hacia la promoción efectiva de emprendedores de la economía social.

    v Es el caso del Plan Nacional “Manos a la obra” que –pese a enunciar propuestas vinculadas a la economía social– no ha pasado de ser un financiamiento blando a microemprendedores individuales y familiares, sin mayores perspectivas de sustentabilidad.

    vi La cuestión social no puede limitarse a la problemática de la pobreza, ya que se corre el riesgo de mantener frente a ella y hacia la exclusión (o desafiliación) sólo una estrategia asistencialista focalizada, con carácter reparador y no preventivo. Simultáneamente, al proceder de esta manera, se puede abrigar la vana esperanza de revertir dicha tendencia de la mano exclusiva de la recuperación del empleo vía crecimiento sostenido. Una respuesta integral implica, en cambio, que las políticas públicas socioeconómicas deben prevenir los factores de desestabilización de la sociedad salarial (ciudadanía social, en palabras de Castells), en el centro mismo de los procesos de producción y, sobre todo, de distribución del ingreso y de la riqueza (Caruso, 2006).

    vii Las cooperativas son las que aparecen con mayores ventajas para la generación de producción y empleo y para contener en su seno a los nuevos emprendedores, que se cooperativizan buscando mayor escala y un ordenamiento democrático, y a los grandes del tipo de las federaciones de cooperativas de la agroalimentación y de prestación de servicios públicos. Las cooperativas aparecen como un “rara avis” para los profesionales estructurados que no terminan de comprender que constituyen, al mismo tiempo, una asociación de personas y una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Sus siete principios, reformulados en Manchester en 1995, son: adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática; participación económica de los asociados; autonomía e independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas y preocupación por la comunidad.

    viii Elgue, Ob. Cit., 2006.

    ix Si se pone el acento en los tipos institucionales y no en la formalidad jurídica, se sumarían a este grupo las asociaciones y sociedades de hecho y las pre-cooperativas y pre-mutuales.

    x No siempre se puede incluir a quienes conforman la economía “informal” en la economía social. En algunos casos, estas nuevas iniciativas son el germen de experiencias populares que luego formarán parte de la economía social pero, en la mayoría de los casos, estos grupos nuclean a microemprendimientos individuales o familiares, asistencias cautivas por parte del Estado, entre otras, que son más asimilables a la contención y a la asistencia social que a lo que aquí se denomina economía social.

    xi Ver el trabajo de Marta Bekerman en “Microcréditos, una estrategia contra la exclusión”, Editorial Norma, Buenos Aires, 2004.

    xii Pilar Orgaz, del IFICOTRA, Córdoba (2005), en un estudio crítico, advierte sobre las consecuencias de no dar otra opción que la formación de cooperativas de trabajo por parte de varios de los planes y programas nacionales y provinciales. Los resultados no suelen ser auspiciosos: cuando se pone a prueba este “ser cooperativo”, se generalizan las deserciones, el abandono del proyecto, disputas, inercia, todo ello sumado a malos resultados comerciales que terminan por aniquilar el objetivo de generación de empleo.