Más dudas que certezas. Por Gustavo Bertolini.

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UN PRIMER ABORDAJE DEL PLAN DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO.

MAS DUDAS QUE CERTEZAS.

Por el TSCM Gustavo Bertolini.

El Plan prevé la formación de cooperativas de trabajo, integradas por desocupados.

En un Plan de estas características, es fundamental contemplar la capacitación y formación de estas nuevas cooperativas que, inicialmente, no contarán con “cooperativistas”. Esta aseveración surge de constatar que se trata de personas desocupadas que no tienen o han “perdido” la “cultura del trabajo”, en otras palabras que no tienen el hábito de trabajar en relación de dependencia y, mucho menos, la gimnasia necesaria para el trabajo asociado. Y esto es central para llevar adelante emprendimientos por autogestión: en ellos además de trabajar en equipo se debe asumir el rol de emprendedores y/o empresarios.

El Plan contempla que interactúen el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y que participe la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en la asistencia. Pero, si partimos de la base de que los 100.000 beneficiarios se agruparán en cooperativas de alrededor de 50 asociados cada una, estamos ante el nacimiento cuasi-forzado de 2.000 nuevas entidades. Para llevarlo a la práctica con seriedad, se debería prever un capacitador-tutor por cada cooperativa, con una incumbencia y experiencia de campo bastante más amplia que la de la UTN. En consecuencia, se trata de 2.000 capacitadores-tutores preparados para desarrollar esta función Y no es un tema menor tener en cuenta que un tutor, para una tarea de esta naturaleza, debe tener aptitudes y actitudes docentes pero no puede ser sólo un docente: debe saber de economía, pero no alcanza sólo con ser un profesional en esta materia; debe tener experiencia como microemprendedor, pero debe saber transmitirla. A su vez, debe estar familiarizado con las “técnicas” de la educación popular y de la animación socio-organizacional, la dinámica de grupos, la resolución de conflictos y la detección de liderazgos formales e informales.

A esta altura, surge una primera la pregunta: ¿existen 2.000 personas que reúnan estas condiciones? ¿Los tiene el INAES y el órgano local competente, en cantidad y calidad? Por supuesto que no. Podríamos arriesgar que no llegan ni a un 10% de técnicos y/o funcionarios con estos requerimientos.

Si no se puede contar con este verdadero ejército de formadores”, que garanticen el normal funcionamiento y continuidad de estos emprendimientos, se corre el riesgo que los mismos fracasen en el corto plazo, malográndose entonces el plan y, lo que no es menos preocupante: que se genere una nueva frustración en los supuestos “beneficiarios” que difícilmente podrán superar. Y esa frustración también golpeará al cooperativismo como “sistema” o “subsistema” ya que, seguramente, se culpará de esta nueva experiencia fallida al movimiento solidario como tal.

“…basados en la organización social que es la base del cooperativismo”

Podríamos analizar cada uno de los valores y principios que rigen el movimiento cooperativo y, seguramente, se nos generarían muchas dudas sobre la legitimidad de este tipo de planes, pero comencemos centrándonos sólo en algunos elementales: ¿como está prevista la formación del capital de estas cooperativas? Se supone que cada asociado debe suscribir un capital (equivalente a un salario mínimo vital y móvil) y luego integrarlo a través de las cuotas sociales, ¿cómo se prevé la distribución de los excedentes? De acuerdo a lo anunciado, el Estado pagará un salario mínimo a cada cooperativista que lo cobrará mediante una tarjeta magnética. ¿Que es esto, que aparece reñido con las mejores prácticas cooperativas? ¿No estamos ante un caso de relación laboral encubierta?

En este sentido, llama poderosamente la atención que el actual Presidente del INAES se refiera a “empleados”, cuando alude a estos trabajadores-asociados (Pág. Web INAES). Por otro lado, en las cooperativas los excedentes se distribuyen “en función del trabajo efectivamente realizado por lo que este igualitarismo “salarial” o de “sueldos” convencionales violenta la normativa cooperativa y la equidad que constituye uno de los pilares de las cooperativas de trabajo. Ya que, en este proceder cooperativo, el que más trabaja cobra más, además de establecerse “diferencias” que surgen por las categorías y responsabilidades que cada trabajo o función demandan. Asimismo, no esta de más recordar que las cooperativas son empresas gestionadas democráticamente por sus asociados, que son quienes establecen los montos de los anticipos a cuenta de excedentes; y el destino de los excedentes repartibles, si los hubiera (distribución en efectivo o en cuotas sociales), al finalizar el ejercicio económico.

Otras preguntas aparecen como ineludibles: ¿Qué ítems facturará la cooperativa al Estado?, ¿En qué concepto sale el dinero de los “sueldos” que el estado pagará a los “cooperativistas”?, ¿Cómo cubrirán sus costos de funcionamiento (auditorias trimestrales y anuales, confección del balance contable, presentación de declaraciones juradas de IVA e Ingresos Brutos, seguros de vida, etc.)? ¿Qué pasará cuando el Estado deje de contratar sus servicios? ¿Asistiremos a un “cementerio” de cooperativas sin posibilidades de inserción en el mercado? ¿Qué perspectiva de desarrollo autónomo tienen estas cooperativas si son absolutamente cautivas del Estado?

Y, algo que es muy caro a los cooperativistas: ¿adquirirán estos asociados los principios y valores del cooperativismo para poder afrontar sus obligaciones y hacer uso de sus derechos?

…implicará una inversión de 1.500 millones de pesos para reforzar la red de cooperativas sociales de todo el país.

¿Qué periodo de tiempo comprende el desembolso de 1.500 millones? Porque si dividimos esta suma por 100.000 puestos de trabajo significa que se invertirán $15.000 por cada cooperativista. Si esto es por un año, nos da $ 1.250 por mes; o sea, no alcanza ni para cubrir el “salario mínimo” establecido. Además, ¿se puede generar en nuestro país un puesto de trabajo sustentable con $15.000?

A su vez, son desmoralizantes las trabas burocráticas para adherir al llamado Monotributo social, el cual requiere, como paso previo, una certificación de “vulnerabilidad social” a cargo de una Trabajadora Social. Y ello ha dado como resultado que, de los beneficiaros de anteriores planes nacionales, solo un 10% (aproximadamente) ha logrado obtener la inscripción en dicho monotributo social. Por otra parte, aún logrando la inscripción en dicho monotributo (que implica pagar sólo el 50% de la obra social) es casi imposible que alguna obra social lo acepte en esa condición, dada la exigüidad del aporte.

En fin, hay muchas más dudas, en especial si tomamos los magros resultados de recientes Planes, surgidos del Estado, de similar formato, en los cuales la mitad de las cooperativas de trabajo o de las sociedades hecho (llamados, eufemísticamente, “proyectos productivos”) están hoy desactivadas o han “desaparecido”.