Sin Junta Nacional de Granos, la producción argentina se triplicó. Por Hector Huergo.

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Cuando en 1992 la ley de Convertibilidad disolvió, entre otros organismos, la Junta Nacional de Granos, muchos pensaron que se venía el mundo encima. Creada en los años 30 para defender a los productores de la caída de los precios, parecía que se habían convertido en indispensables.

Pero los hechos demostraron lo contrario. Desde su liquidación, la producción agrícola argentina, que exhibía una lentísima tasa de crecimiento, comenzó a crecer a los saltos. Pasó de 43 millones de toneladas, a las casi 100 cosechadas el año pasado.

En otras palabras, más que se duplicó en volumen. Pero mucho más en valor, porque ahora la mitad es de soja, que vale el doble que los cereales tradicionales (trigo y maíz fundamentalmente). Estos datos subrayan –con gruesos trazos de evidencias– que la supresión de la JNG no fue un ancla para el avance agrícola.

Más bien, permitió soltar amarras. La supresión de la JNG fue acompañada por la desregulación del sistema portuario. Al permitirse una operación más plena de los agentes globales del negocio, fluyó una gigantesca corriente de inversiones hacia el sistema agrícola argentino. Con un aporte de más de 5.000 millones de dólares, en pocos años se levantó a la vera del río Paraná, al norte y al sur de Rosario, el complejo agroindustrial más competitivo del mundo. Allí se procesa hoy la mayor parte de la soja, que sale al mundo convertida en harinas proteicas y aceite.

Para quien quiera hacer el ejercicio, vale la pena pegarle una miradita a este complejo desde el Google Earth. Más de veinte plantas aceiteras, con sus propios muelles de embarque, desfilan desde Puerto Gaboto, 50 kilómetros al norte de Rosario, hasta Zárate. Promedian menos de diez años de edad. Hoy, la capacidad instalada de este complejo permite procesar casi toda la cosecha argentina.

La expansión sojera fue crucial para superar las dificultades de los 90, salir de la crisis del 2002 y permitir la recuperación económica posterior. En este boom de la soja, la vieja Junta Nacional de Granos tuvo poco que ver. Es el producto más dinámico desde hace veinte años, como consecuencia de la explosión de la demanda mundial de carnes de todo tipo. No hizo falta la JNG para que los chacareros descubrieran los secretos de su cultivo. Ni para los genetistas, que generaron las variedades adecuadas.

Es cierto que la producción de soja se triplicó, pero también lo es que el maíz creció un 70% y el trigo un 50% hasta el 2008. Simultáneamente, el dragado y balizamiento de la hidrovía del Paraná permitió que los grandes buques graneleros, que antes no podían ingresar, llegaran hasta donde está la carga (con epicentro en Rosario). Se llevó la profundidad de 24 a 36 pies, removiendo 300 millones de metros cúbicos. En tiempos de la JNG, los barcos grandes no entraban. Todo se hizo con el aporte del capital privado y por peaje.

Todos los años, visitan la Argentina los productores estadounidenses de maíz y soja, los trigueros franceses, los alemanes, hasta los rusos. Quieren saber en qué se basó el crecimiento agrícola de la Argentina, aquel gigante dormido.

Esto es lo nuevo. Los últimos silos de la JNG databan de los años 40. En los años 80, con 30 millones de toneladas, cuando llegaba la cosecha los granos se volcaban al suelo en inmensos montones. Hoy los silos privados atajan una producción tres veces superior. No se ve un sólo grano en el piso. Todo esto ocurrió en un marco de creciente libertad comercial. Se expandió la operación de los Mercados a Término. En síntesis, el sector privado aprendió a operar en un mercado ágil y moderno.

Si algo hacía falta, era facilitar su funcionamiento, y garantizar su transparencia. No parece ser esta la intención de un gobierno que deja entrever que su objetivo es crear un sistema “mixto”, en el que convivan el Estado y el comercio privado. El antecedente cercano de la estatización de los fondos de las AFJP (cuando convivía el sistema privado con el de reparto) induce a pensar que la estatización del comercio de granos es la última estación. Un experimento incomprensible, porque al Estado no le había ido mal: solo por retenciones recaudó 20.000 millones de dólares en los últimos cinco años.

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