Una propuesta para tomarse en serio la Constitución de 1994. Por Martin Böhmer

Share via emailShare on Facebook+1Share on Twitter

En algún momento los argentinos tendremos que reconciliarnos con nuestra nueva Constitución. La mala opinión que generó el llamado Pacto de Olivos derramó una sensación de ilegitimidad sobre el texto de nuestra carta magna y tal vez por eso en muchos casos hacemos como si todavía viviéramos bajo los mandatos del texto anterior. Sin embargo, soltarle la mano al texto del 94 es una verdadera injusticia.

Por un lado reivindicamos en el texto del 53 una Constitución concentradora de poder, con veleidades monárquicas, votada sin legitimidad democrática alguna, vergonzantemente republicana e hipócritamente federal, que además generó un sistema elitista sostenido sobre el fraude electoral y que se quebró al primer intento de hacerlo democrático.

Y por otro desechamos el nuevo texto. Un texto que surgió en un momento en el cual un tercer partido metió una poderosa cuña al bipartidismo tradicional, que fue redactado con una fuerte presencia de la sociedad civil organizada, que siempre tuvo como norte la necesidad de descentralizar el poder, que puso en nuestras manos el control de las decisiones públicas a través de varios mecanismos, incluido el judicial, que está comprometido con la búsqueda de todas las formas posibles de hacer de los derechos humanos el límite sagrado, infranqueable, de la política, y que multiplicó nuestros derechos de tal forma que no hay país en el planeta con un compromiso más fuerte que el argentino con el mandato fundacional de nuestra comunidad: el mandato que aun resuena en las paredes de nuestros tribunales: la promesa y la exigencia de “nunca más”.

Pero a pesar de esta historia, nuestra práctica política (sobre todo la que transcurre en los órganos mayoritarios) sigue funcionando como si no hubiera habido reforma constitucional. Los órganos de control están cooptados y las leyes que los regulan (formales e informales) tienden a enervar su función esencial. El jefe de gabinete no cumple con su función de administrador, no aparece por el Congreso y el Congreso no lo amenaza con la remoción que la Constitución regula en su artículo 101. La coparticipación de los tributos sigue (cuando se cumple) discriminando contra los que están peor y no se vota (como manda el texto del 94) una nueva ley. Los ciudadanos no utilizamos los procesos de democracia semi directa, y las provincias no se unen en regiones para coordinar y negociar juntas.

Hace poco tiempo la Presidenta ha tocado este tema pero no ha sido tenida en cuenta. Equivocadamente ha insistido en que nuestra Constitución es una copia de la norteamericana y ha desechado el texto del 94. En efecto, la presidenta dijo, dirigiéndose a la oposición que “la Argentina tiene un sistema presidencial no hay co-gobierno con la oposición, si quieren que eso ocurra reformen la Constitución y tengamos un sistema Parlamentario”. Es tiempo de asumir seriamente el proyecto de la Constitución vigente en la Argentina y, en la medida en que ella regula un sistema político diferente al de la supremacía presidencial autoritaria, hacerle honor: recoger el guante lanzado por la Presidenta y cogobernar como manda nuestro pacto político básico.

Así, quienes se tomen seriamente la multiplicación de actores públicos y procesos deliberativos que generó la reforma del 94 pueden encontrar en ella una oportunidad para provocar un salto cualitativo en la política nacional. En efecto, un partido o varios partidos de consuno, pueden proponer a los votantes los nombres de todas las autoridades que crea la Constitución, e incluso comprometerse a cierta forma de funcionamiento de estas instituciones. En la boleta irán como es obvio, los candidatos a Presidente y a Vicepresidente. Pero más allá de la boleta se pueden proponer a los ciudadanos (e incluso comprometerse con los otros partidos) no sólo los nombres sino también las formas de actuar de esos y de otros funcionarios en el futuro gobierno.

Tomemos el caso del Jefe de gabinete de ministros. Un partido puede proponer su candidato a ocuparlo y además comprometerse a modificar la regulación y el trabajo diario del cargo para acercarlo a los ideales del 94, es decir, la distribución de poder y la atenuación del hiperpresidencialismo proverbial de nuestro sistema político. Puede incluso comprometerse a prestar los votos (o el quórum, o dejar en libertad de voto a los representantes de su partido) necesarios para removerlo en caso de perder el favor del otro u otros partidos con representación parlamentaria. Puede, atándolo a la cantidad de votos que obtenga relativamente, ofrecer cargos en el gabinete de ministros a otros partidos con representación parlamentaria. En el mismo sentido puede acordar los límites de la actuación del Presidente de la Nación, dependiendo (o no) de la cantidad de votos que obtuviera.

Hay otros cargos que presentan las mismas oportunidades de deliberación y acuerdo políticos, tales como: el Defensor del Pueblo de la Nación (si correspondiera su nombramiento en el período), las autoridades de ambas Cámaras legislativas, las autoridades de la Auditoría General de la Nación, el Procurador General de la Nación (si correspondiera), el Defensor General de la Nación (si correspondiera), las autoridades del Consejo de la Magistratura, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (puede haber un compromiso para mantener la forma de designación de los miembros creada por el Presidente Kirchner), los Embajadores, etc.

La propuesta puede ser unilateral o puede ser parte de un compromiso entre varios partidos. Lo que propongo es que, dada la multiplicación de los espacios de poder que produce la reforma constitucional de 1994, se tome seriamente este mandato y se lo utilice para evitar las disputas por un único lugar (que ya sabemos a dónde terminan). Es también una forma de aprovechar gente con aptitudes y capacidades diversas y de lograr una mayor coordinación entre los partidos.

En la sociedad civil este cambio ya se ha producido. En efecto, la multiplicación de las organizaciones ciudadanas, la utilización de los mecanismos del litigio colectivo para llevar a la Justicia la deliberación que ciertos individuos o grupos creen que se detuvo en los órganos mayoritarios sin tenerlos en cuenta, el poder de control de los tratados internacionales y de los organismos jurisdiccionales como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, se los debemos a la reforma del 94 y han modificado políticas públicas con éxito.

Falta ahora el gesto de los partidos políticos y de los representantes del pueblo. La deliberación, la relevancia del Congreso, el conflicto sincero, abierto, público y no discriminatorio y el mantenimiento de la fraternidad política no tienen que esperar, como propone la Presidenta a una reforma constitucional. Esa reforma se hizo en 1994 y ya es práctica social y jurídica. Sólo está esperando volverse práctica política.

LINK CLICK AQUI

  • 1 comentario

    • Lucas Tempone dice:

      Cuando puedo ir y participar de algun encuentro gcs